“Venezuela no aguanta dos años más de Maduro”. José Virtuoso ( 1959- ), sacerdote jesuita, ex rector de la UCAB. Hasta la pregunta del tarjetón electoral era engañosa: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”. Claro que sí, habría que estar loco para no querer terminar un conflicto de 52 años y que finalmente reine la paz. Pero ¿cuál era el costo de esa paz? Colombia tiene instituciones fuertes y autónomas, que se sintieron humilladas por los términos impuestos en este llamado “Acuerdo Final”.
Los colombianos dijeron NO, dijeron que este acuerdo no es final y que la construcción de la paz no puede costarle la democracia y la impunidad de delitos de lesa humanidad. La abusiva campaña gubernamental que dejaba a los que no estaban con el acuerdo como si quisiesen que la guerra continuara, no logró confundir a votantes que captaron perfectamente lo que se estaba entregando a cambio de una supuesta paz solo garantizada por uno de los tres grupos guerrilleros que operan en el vecino país. Veamos los puntos álgidos del acuerdo que fueron rechazados por el NO: – La FARC es el tercer cartel mundial de la droga, y por ninguna parte se menciona que ellos van a entregar sus siembras, laboratorios, pistas y aviones y mucho menos sus narcodólares.
No renunciarán a su negocio y prueba de ellos es que en los dos últimos años, en plenas conversaciones de “paz”, los cultivos de coca se han duplicado porque el gobierno, atendiendo a su pedido, eliminó las fumigaciones aéreas para extinguirlos. – Los guerrilleros no van a pagar cárcel, bastará con confesar sus delitos, entregar las armas y automáticamente se eliminaran registros de antecedentes y obtendrán apoyo financiero para iniciar su negocio. -La FARC tendrá derecho a un total de 26 curules, 5 automáticas y el resto en elecciones en “zonas de paz” donde no habrá más candidatos que ellos.
Así mismo, la FARC tendrá derecho a montar 31 emisoras de radio y un canal de televisión, financiados por el estado colombiano, para la difusión de su ideología. – Habrá extensas zonas “de paz” en las cuales no actuará la fuerza pública, donde tendrán sus propios estados dentro del estado. – Serán juzgados por una “Jurisdicción Especial”, un tribunal de jueces extranjeros nombrados en igual número por el gobierno colombiano y por la FARC, con facultades por encima de la Corte y la justicia colombiana, sin instancias ni apelaciones. Esta Jurisdicción también abrirá procesos contra militares, policías y civiles que hayan actuado contra la FARC.
Uno de los puntos difíciles de las casi 300 páginas del Acuerdo que casi ningún colombiano leyó en su totalidad, es que el Presidente Santos será investido de unos poderes especiales que le dan facultades hasta para enmendar la constitución colombiana. Juan Manuel Santos, igual que Maduro en Venezuela, fue elegido por la promesa de que continuaría las políticas de su antecesor. Ambos han decidido seguir su propio camino. Álvaro Uribe arrodilló a las FARC, casi las exterminó. “Ocho mil narcoguerrilleros no van a poder con Colombia”, decía el ex presidente. Y Santos, como su Ministro de Defensa, los bombardeaba. Todo el terreno ganado en la esta lucha fue perdido por Santos en la mesa de negociación, cuando la guerrilla se dio cuenta de que tenía a la mano la oportunidad de dejar el monte, disfrutar de sus narcomillones y de paso, obtener el poder por la vía política legal. Igual que Chávez en Venezuela.
Aquí la democracia perdonó a los golpistas de 1992, sin castigarles por los delitos cometidos. No los inhabilitó políticamente, les abrieron los brazos para que se incorporaran como partido legal. Ganaron las elecciones con una oferta engañosa de acabar con la corrupción, brindar oportunidades iguales a los venezolanos y una época de oro para la prosperidad. Los resultados del socialismo del siglo XXI son conocidos ampliamente en Colombia y definitivamente, pesaron en ese NO que hoy cambia, para bien de la democracia, los términos del acuerdo. La terrorífica sombra del régimen cubano detrás de estas negociaciones asusta a quienes quieren una Colombia de democracia, justicia y paz. También lo queremos acá en Venezuela. Este fin de semana vimos como el órgano electoral colombiano organizó en 33 días un plebiscito, que igual que un referendo, solo tiene las alternativas Sí y No.
Sin máquinas, pues fue manual, y con todos los centros electorales funcionando. El gobierno (siguiendo el abusivo ejemplo venezolano) promovía con todo su poder el Sí, las encuestas daban en promedio 65-35 a su favor (con una población presionada, igual que en Venezuela, por los organismos oficiales y por alcaldías que los comprometía con mercados y prebendas); las urnas cerraron puntualmente a las 4 de la tarde. Y el CNE colombiano comenzó su trabajo, dando boletines en tiempo real. En menos de dos horas, se habían escrutado y dado resultados oficiales del 99% de la votación. Los venezolanos queremos que las ineptas del CNE respondan por qué con “el mejor sistema del mundo”, dan el primer boletín en la madrugada, horas y horas después del cierre de una votación automatizada cuyo resultado es inmediato.
Y queremos que nos contesten por qué si han organizado un referendo en 2007 en 32 días y una elección presidencial en 2013 en 36 días, no pueden realizar en 9 meses el referendo revocatorio, que criminalmente retrasan con argumentos que los colombianos han dejado en ridículo. La canasta básica está en 503.000 bolívares; la inflación 2016 casi en 500%; los niños mueren de hambre, de difteria o en los retenes, de mengua; sólo en agosto hubo 8.350 apagones; se acabaron los tratamientos para las enfermedades mortales; Fedecámaras anuncia un cierre anual “catastrófico” para las empresas; Fedeagro prevé hambruna por falta de siembras. Mientras tanto el presidente se hace el sordo, amenaza, gasta un billón y medio de bolívares en créditos adicionales sin control del parlamento, anulando el poder de la AN legítimamente electa con los ilegítimos jueces del TSJ y unos militares cebados apoyándolo. Un presidente que sabrá mucho de autobuses y de tocar bongó con los codos pero nada de cómo respetar a la constitución y al pueblo de Venezuela.
El CNE debe cumplir su obligación de hacer el RR o pedir consejo si no sabe o no puede, a los colombianos. Maduro debe aceptar el juicio del pueblo en las urnas y los venezolanos deben aprender la lección que los colombianos están asumiendo, antes de tener las consecuencias de creer en cantos de populistas violentos y antidemocráticos.
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