El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) está en la búsqueda de una edificación cómoda y gratuita para instalar en Guanare el Bloque Regional de Homicidios.
Mediante una acción poco transparente, los funcionarios se hicieron de las llaves del inmueble, ubicado en la calle 10 entre avenidas 1 y 2, y emprendieron remodelaciones que comprometieron las paredes de la sala de estar y demolieron la cocina empotrada, relataron los vecinos en asamblea de ciudadanos, celebrada el pasado martes 7 de marzo.
Los vecinos mostraron allí su rechazo por la decisión inconsulta del Cicpc de apropiarse del inmueble. En medio del enojo, acuerdan llevar el caso a referendo consultivo. A dicha asamblea se presentaron, oficio en mano, los funcionarios del Cicpc. Solicitaban, tras permanecer más de dos semanas en la casa y haber intervenido su estructura, les fuese entregado en comodato el referido espacio de dominio colectivo.
El referendo consultivo ocurrió este domingo, conjuntamente con la renovación de las autoridades del consejo comunal de la urbanización. La opción de no ceder la casa comunal al Cicpc obtuvo la mayoría con 459 sufragios.
Acciones legales
Las nuevas autoridades del Consejo Comunal de La Gracianera están satisfechas con la forma como la comunidad resolvió por la vía democrática el conflicto inicial planteado con el Cicpc. “Ya el recinto no será utilizado para oficinas administrativas o de investigación ni para calabozos,” dijo el profesor Alfonso Palacios, vocero principal. “La casa seguirá siendo para el fomento cultural y el desarrollo ciudadano”.
Palacios informa que la nueva tarea será ahora obligar al Cicpc, mediante el cumplimiento de la ley, que reponga los daños causados a la casa comunal y que se comprometa en breve plazo a garantizar su habitabilidad. “Era una casa cómoda con estufa, filtros, nevera, aires acondicionados y sus áreas bien delimitadas. Hoy luce destruida y sin sus enceres,” indicó.
El vocero comunal destacó que previo a la intervención del Cicpc, la casa comunal de La Gracianera fue asiento de un módulo policial y, posteriormente, de la Oficina Nacional Antidrogas. Ninguna de esas organizaciones retribuyó seguridad a los vecinos. “Más bien, el mobiliario adquirido por la comunidad se desapareció”, indicó.
