Procuradores y fiscales generales del Mercado Común del Sur (Mercosur), expresaron este viernes su preocupación y rechazó a cualquier pretensión de “remoción de manera ilegal” contra el Ministerio Público y la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado expresaron su “preocupación” por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que atribuyó competencias del Ministerio Público (MP) a la Defensoría del Pueblo. Consideran “imperioso” que se respete la “autonomía e independencia” del órgano administrativo en el “legítimo” ejercicio de sus funciones.
Para estos, la autonomía del Ministerio Público se ve puesta en riesgo como consecuencia de la “interferencia” de otros poderes públicos manifestada a través de “presiones y actos intimidatorios” que dificultan el trabajo penal de los hechos ocurridos en Venezuela.
