El 23 de abril de 2015, quedó asentada en el Registro Público del Municipio Maneiro en Pampatar, estado Nueva Esparta, la venta de un lote de terreno de 24.097,96 metros cuadrados perteneciente a la sucesión de las hermanas Aquilina Leonor Fernández de Crugnale, Iris Mar Fernández de Cutillo, Leonor del Valle Fernández Ramos e Ysabel Erminia Fernández Ramos. El comprador era la Federación Venezolana de Fútbol, representada según el documento de protocolización por Jesús Berardinelli, director de Finanzas, quien actuaba en la operación con un poder de Rafael Esquivel. El registro indica que el lote tenía un costo de cuatro millones de bolívares (4.000.000) y que a cada una de las hermanas Fernández Ramos le fue pagado un cheque de Bs 1.000.000, girados a cuentas en los bancos Provincial y Banesco.
La operación aparece debidamente reflejada en las cuentas de la FVF, con cuatro cheques de Bs 1.000.000 cada uno emitidos el 11 de marzo, bajo el concepto “Compra Terreno CNAR Margarita”· Sin embargo, el 1º de abril los cuatro cheques son anulados, el monto regresa a las arcas federativas, y el 27 de abril de 2015, la cuenta de la FVF en el Elite Bank de Puerto Rico da cuenta de varias transferencias en dólares, a cuentas de las hermanas Fernández Ramos, giradas a bancos como el Citibank, el JP Morgan Chase Bank o el Wells Fargo, por un total de $ 240.000, todas con la misma justificación: “Compra de terreno para la construcción de canchas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita”.
Esa fue solo una de las incongruencias que halló el Consejo Contralor de la FVF, y que reflejó en una serie de documentos a los que tuvo acceso El Estímulo, en los que el ente mostraba su preocupación por las irregularidades detectadas ante instancias como la propia federación (directamente al presidente Laureano González), el Ministerio de Juventud y Deporte y hasta la Contraloría General de la República, ante la dirección de Determinación de Responsabilidades.
El Consejo Contralor es una instancia de reciente data, electa por primera vez en el proceso de 2013, siguiendo la nueva estructura que daba a clubes, asociaciones y federaciones la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. Contrariamente a lo que podría desprenderse del hecho de que fue electo como parte de la plancha de Esquivel, el Consejo Contralor presidido por José Wilmer Montoya ha tenido una intensa actividad, tanto de fiscalización como de difusión de sus denuncias, e incluso dejó constancia, en informe del 13 de abril de 2016, que no aprobaba la gestión de 2015.
El ente detectó reiteradas compras de boletos aéreos a la esposa de Jesús Berardinelli, Adriana Martínez, e incluso un viaje a Puerto Ordaz a todo el grupo familiar (Adriana, Gianpiero, Gianfranco, Giuliana y Valentino Berardinelli, entre otras siete personas), para asistir al primer partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018, en octubre de 2015, pagado con fondos de la FVF. En informes anteriores a esa fecha, el Consejo Contralor reconoce que los montos de los pasajes a familiares eran retornados, pero advertía que consideraba indebida esa práctica.
Al menos para Gianfranco, viajar con la FVF no es algo nuevo. Ha sido designado traductor de las selecciones nacionales, y en su Instagram se le puede ver en estas lides en Jordania, donde la selección femenina sub17 jugó el Mundial, pero también en frecuentes viajes a Florida (visitando a su novia, la estelar Deyna Castellanos), a Bahamas, al Centro de Entrenamiento Millsaps en Cairo, Georgia (donde se prepara en una Ducati roja para sus pruebas de motocross), o simplemente paseando en Boston y Chicago, durante la Copa América Centenario.
El nombre recurrente en muchas de las irregularidades es el de Jesús Berardinelli, naturalmente por su posición como director de Finanzas. Si el dirigente tenía o no cualidad para llevar adelante todas estas operaciones, hay dudas razonables al respecto, pues tanto él como su esposa Adriana, junto al abogado Néstor Arzola Olmos, aparecen condenados por el Juzgado Primero de Juicio del estado Yaracuy y por la Corte de Apelaciones de esa entidad, luego de dos años de proceso, a una pena de dos años, cuatro meses y 15 días de prisión, por el delito de uso y aprovechamiento de actos falsos.
El caso se remonta a 1994, cuando el empresario Eladio Pacheco denunció que Arzola Olmos, a quien había otorgado poderes para la administración de la emisora Radio Chivacoa, falsificó su firma en un acta de asamblea en la que supuestamente vendía la totalidad de sus acciones en ese medio de comunicación a Berardinelli y Martínez.
Otro hallazgo fue la compra de 68 impresoras a la empresa basada en Miami Genius Choice Corporation, sin trámite de nacionalización para pasar la aduana ni información clara sobre la asignación de las mismas.
Más grave aún: en febrero de 2015 fue adquirida una cantidad no precisada de computadoras y servidores para ser repartidas entre las asociaciones de fútbol de todo el país. La compra, por valor de Bs 4.000.000 (cuatro millones) se realizó a la empresa Representaciones Mangedar 70 CA, que anteriormente había sido identificada como proveedor de “asesoría deportiva” a la FVF.
Extrañados por el inusual “cambio de ramo”, los miembros del Consejo Contralor se hicieron acompañar por un miembro de la FVF, el director Bernardo Segovia, para realizar una inspección el 28 de octubre de 2015 en la sede de la mencionada empresa en Sabana Grande, cerca de la sede de la federación, sólo para descubrir que ésta no existe, basados en el testimonio del vigilante del inmueble señalado en la dirección de la factura.
