Si bien es cierto que la economía de un país depende de recursos propios y diversos trabajos, parece ser que muchas veces –y sobre todo en países en desarrollo, a diferencia de en los países altamente desarrollados –el recurso principal se centra en la minería. La extracción y comercialización de materias primas como la bauxita, cobre, diamante u oro, se lleva a cabo frecuentemente sin un estudio adecuado de la zona, lo que se traduce en daños profundos. Frecuentemente prima la visión a corto plazo a la búsqueda de divisas, que compromete el futuro incluso cercano, puesto que destruye medios de subsistencia y otros recursos económicos.
Este parece ser el caso de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Se trata de una extensión de terreno de aproximadamente 112 mil Km2 (12,2% del territorio nacional, el equivalente al tamaño de toda Honduras y mucho más grande que Portugal o Panamá) ubicada al margen sur del mencionado río, cedida a grandes trasnacionales para su explotación. La ingeniera Yezenia Frontado, activista de la organización no gubernamental VITALIS, señala que en este caso en particular “no existe evidencia de la realización de estudios de impacto ambiental o sociocultural en la zona”.
Un respiro para la economía que podría salir muy caro
La directora de investigación y desarrollo de Provita, Tina Oliveira señala que la explotación del AMO,en los términos que están planteados, tiene terribles implicaciones debido a su gran extensión, pues lleva consigo cambios en la cobertura vegetal, es decir, deforestación y eliminación de otros ecosistemas no boscosos, cambios en el curso de los ríos, así como en su calidad del agua, aumento de las emisiones de contaminantes para la atmósfera, el agua, el suelo y el subsuelo, contaminación de las especies y su extinción. Todo ellorepercutirá negativamente en la economía y recursos del país, que ya ha vivido las graves consecuencias de la sequía –traducida en falta de agua y dramáticos cortes eléctricos –, fenómeno que se acrecienta con la deforestación y que por tanto puede llegar a tener dimensiones catastróficas.
La contaminación de la fauna también debe tenerse en cuenta; Yezenia Frontado agrega que muchos procesos de extracción de minerales usan productos químicos, como ácidos y cianuros, que los peces terminan consumiendo y pasan a formar parte de la cadena alimentaria llegando a los seres humanos con consecuencias como enfermedades “que pueden llegar a ser graves y mortales”.
Por lo tanto, el fin de un sistema“económico-productivo, diversificado e integrado funcional y territorialmente” por medio de la minería es poco probable, dado que no están claros los procesos de consulta, evaluación y selección de empresas, al igual que de integración con el contexto socio-ambiental de la región, señala Oliveira. “Se desconocen cómo se llevará a cabo ese proceso de integración armoniosa de estas actividades, las comunidades humanas y el ambiente; tampoco están claros los procesos que permitirán asegurar el uso transparente de los recursos generados y evitar la corrupción altamente reseñada e incluso reconocida en el ámbito gubernamental del país”, dijo.
Derecho humano de los pueblos indígenas a la consulta, obviado
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las actividades de extracción representan quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.En este sentido, la legislación venezolana, en concordancia con el derecho internacional, exige previa información, consulta y consentimiento de las comunidades ante trabajos mineros que puedan alterar su desarrollo integral, bien sea en recursos, alimentación o ambiente. Incluso, según Oliveria, se plantea la retribución monetaria a las comunidades.
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