El Gobierno de Brasil solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la medida dictada por la administración regional de Roraima, zona fronteriza con Venezuela, que recibe más de 500 inmigrantes diarios a raíz del éxodo masivo que se desató por la crisis que atraviesa.
La medida fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU), el cual considera que las restricciones son inconstitucionales pues se les niegan los derechos fundamentales a los inmigrantes en Brasil.

Según el recurso que la titular de la Abogacía General de la Unión, Grace María Fernandes Mendonça, envió este viernes 3 de agosto al Supremo Tribunal Federal, detalló lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobierno pide la inmediata suspensión del decreto referido, así como la declaración de esta medida como un acto atentatorio a la dignidad de la Justicia”.
De esta manera, la medida establece que los venezolanos que busquen acceso al Hospital General de Roraima, sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.
Igualmente, condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte, pese a que la gran mayoría no lo posee, y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos, reseñó EFE.
Cabe destacar que Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, tras el flujo masivo de los ciudadanos venezolanos, ha recibido alrededor de 50 mil venezolanos elevando la demanda por los diferentes servicios públicos en la región.