El inicio de la peor crisis que ha vivido el presidente Enrique Peña Nieto en sus dos años de gobierno tiene hora y lugar exactos: Iguala, Guerrero, a las 9 de la noche del viernes 26 de septiembre.
Fue cuando dos buses con estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinpán llegaron a la población y se desencadenó una serie de eventos que, al final de esa noche, habían dejado seis personas muertas y a 43 más desaparecidos.
Lo que -según los críticos- el gobierno pretendió manejar al principio como un problema local, con el paso de los días tomó alcances mundiales.
Con la desaparición de los normalistas también parece haberse cruzado un límite invisible en la mentalidad de muchos mexicanos, acostumbrados a recibir a diario información sobre hechos atroces pero que han reaccionado de manera airada ante lo ocurrido.
Y algunos sostienten que puede marcar un antes y un después en la presidencia de Peña Nieto.
Penetración del narco
En una entrevista con el noticiero radial MVS Noticias, Eduardo Buscaglia -investigador de la Universidad de Columbia, ex asesor de la ONU y experto en crimen organizado- lamentó que no se le hubiera prestado atención cuando, desde 2008, empezó a denunciar que “entre el 63% y el 67% de los municipios mexicanos estaban siendo capturados por grupos criminales”.
Hasta el momento se han detenido a 36 policías por el caso de Iguala. Foto: Procuraduría de México.
Según el Procurador General, Jesús Murillo Karam, tanto el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, como su esposa, María de los Ángeles Pineda, trabajaban directamente con la organización criminal Guerreros Unidos, al igual que la mayoría de la fuerza policial municipal.Mensualmente -agregó Murillo- Abarca le entregaba a la organización criminal tres millones de pesos (US$ 223.000).
Buena parte de la policía del vecino municipio de Cocula también estaban al servicio de este grupo que, dentro del entramado de carteles que opera en México, es considerado menor.
La Policía Federal reemplazó a 14 fuerzas de policía municipales en Guerrero. Algo similar había ocurrido hace año y medio en el estado de Michoacán, donde los federales reemplazaron a la policía local de varios municipios por estar coludidos con el Cartel de los Caballeros Templarios.
Todo esto a desencadenado protestas en todo el país, algunas de las cuales -en especial en Guerrero- han terminado en actos vandálicos.
También ha hecho que, sobre todo en redes sociales, algunas voces pidan la renuncia del propio presidente Peña Nieto.
El periodista mexicano León Krauze argumenta que hay quienes están aprovechando las protestas no para buscar justicia, sino “para abrirse una brecha rumbo al poder desde la protesta social”.
“Lo que se necesita ahora es exactamente lo contrario a una vacancia en Los Pinos (el palacio presidencial). Lo que se requiere es un presidente fuerte”, escribió en una columna.
Críticas a granel
Al gobierno de Enrique Peña Nieto no se le ha acusado de la penetración del narcotráfico en los municipios, pero sí de no actuar con rapidez frente a la desaparición de los estudiantes, de mostrarse débil y tratar de maquillar los alcances de la violencia que sufre el país.
Y las críticas no se han limitado a la prensa y sectores de izquierda, críticos de Peña Nieto desde el inicio.
Carlos Loret de Mola, conocido periodista de la cadena Televisa, escribió en una columna en el diario El Universal que “tardó diez días en entrar de lleno el gobierno federal a la escena y lo hizo a partir de un discurso presidencial inseguro y tropezado. Demasiado poco y demasiado tarde”.
A nivel internacional las críticas también han arreciado.
El cambio de fortuna del actual gobierno mexicano lo ilustra la revista británica The Economist.
El 9 de agosto, el semanario publicó un artículo titulado: “Reformas en México, sigan así” en el que elogiaba las reformas promovidas por el gobierno, en especial la energética.
Cambio de tono
Dos meses y medio después, el tono había variado por completo. En un texto titulado “Al fin, el gobernador se va” (en referencia a la renuncia de Ángel Aguirre), se indica:
“La renuncia (…) llega muy tarde para disminuir la ira de los mexicanos (…) pero al menos le da al gobierno de Enrique Peña Nieto la oportunidad de mostrar más liderazgo en una crisis que ha expuesto la completa falta de ley en partes del país, algo que ha pasado dos años tratando de disfrazar”.
El historiador Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México, dice a BBC Mundo que es, al menos, la crisis más publicitada de Peña Nieto, una de imagen.
“El mundo exterior no quiso ver lo que había detrás de la superficie de Peña Nieto y de las fuerzas que lo llevaron a la presidencia (…) Detrás de esta cara amable está la dureza y la brutalidad de un sistema político en donde los muy pocos dominan en exceso”.
Después la vacilación inicial, el presidente se ha referido varias veces al tema (la última el pasado lunes, al presentar al nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega) y ha dicho que es una prioridad gubernamental.
Y hacia la izquierda…
La izquierda no sale mejor librada en todo este asunto.
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda).
Como lo era Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero quien se aferró durante varias semanas al poder, con el apoyo de muchos dentro del PRD, a pesar de los múltiples llamados a que renunciara.
La frustración se vio en la primera marcha masiva en Ciudad de México: algunos participantes agredieron a Cuauhtémoc Cárdenas fundador del PRD, una figura respetada de la izquierda mexicana e hijo del legendario presidente Lázaro Cárdenas.
El escándalo también ha salpicado al otro gran referente de la izquierda en el país y dos veces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de quien se ha dicho que había sido informado de las actuaciones del alcalde de Iguala.
Ahora circulan fotos de “AMLO” -como se le conoce en México- acompañado de José Luis
Abarca y su esposa, pero López Obrador se ha defendido diciendo que en campaña le son entregados múltiples informes y mucha gente se toma fotos con él.
Parece que ni el gobierno ni la izquierda fueron capaces de medir la profundidad y dimensiones de la crisis que empezó ese viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y que aún no termina.
