Miembros de la Fundación Redes, organización no gubernamental de defensa de derechos humanos, solicitaron en la FiscalíaCuarta de Cúcuta que la Fiscalía General de la República investigue las incursiones de grupos subversivos en Venezuela, especialmente el reclutamiento de niños y adolescentes para formar parte de estas filas irregulares.
Este sería el segundo caso denunciado por la fundación ante los organismos gubernamentales sobre Venezuela.
“El fiscal de nombre William Jesús Suárez Correa ha ordenado una investigación en relación con el manejo de municiones y armas de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas venezolanas y que están en poder de grupos irregulares colombianos. Suministramos la mayor información posible para que avancen las investigaciones en relación con esta denuncia consignada a finales de enero pasado, con la que alertamos sobre el posible uso de municiones de armas de guerra, que son hoy faltantes en los cuarteles y batallones venezolanos, por parte de los grupos irregulares colombianos, como las FARC, el ELN, el EPL y las FBL, ante la mirada indiferente del gobierno venezolano”, dijo Javier Tarazona, de Redes, respecto de la primera denuncia que ya está siendo tramitada por la justicia colombiana.
Tarazona expresó la preocupación y la indignación por el incremento de las operaciones delictivas y terroristas de los grupos irregulares colombianos, como el secuestro, la extorsión, los asesinatos en medio del conflicto armado por el control del territorio y el reclutamiento indiscriminado de niños, niñas y adolescentes, que terminan optando por formar parte de estas organizaciones criminales motivados por la crisis económica, política y social venezolana.
“Estamos solicitando al Parlamento colombiano y al mismo presidente electo, Iván Duque, que conozca y tramite nuestras denuncias y nuestro trabajo de investigación para garantizar en los más de 2.200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia una sana convivencia”, agregó el coordinador de Fundación Redes.
La Fiscalía Cuarta seccional del Norte de Santander fue designada por el Ministerio Público colombiano para investigar las denuncias formuladas por FundaRedes sobre las acciones de la guerrilla y paramilitares en la frontera colombo-venezolana, en relación con armas y municiones faltantes en el estamento castrense venezolano.