En el año 2017, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, aquel instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático de un país miembro constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de ese gobierno en las diversas instancias de la OEA.
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Ahora bien, el 7 de mayo del año en curso, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, solicitó suspender a Venezuela de la organización, pero ¿qué significaría eso? ¿Qué hay detrás de esa petición?
Saady Bijani, primer alcalde de San Francisco (estado Zulia) y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, evalúa que tras la solicitud de Pence se asoma el planteamiento de la activar la Carta Democrática Interamericana, que a juicio de Bijani, es totalmente necesaria, puesto que sería un“remedio para una enfermedad que debemos frenar, porque Venezuela ya es una amenaza para otros países”.
En una entrevista en el programa Ahora Con Oscar Haza, Edgar Quijano, analista y ex asesor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Carlos Bastardo, dirigente de Vente Venezuela, opinaron sobre la petición. Para este último, por ejemplo, la posición de Pence ha sido “alentadora” porque, a su parecer, eso es sinónimo de que las naciones democráticas no han abandonado a Venezuela, y significa que los países de la región están conscientes de lo que sucede con el gobierno de Venezuela.
Quijano, por otra parte, agradeció el esfuerzo sostenido de Estados Unidos por restablecer la democracia en Venezuela, así como el Grupo de Lima por “convertirse en un eje de presión importante para que en la región prevalezcan los valores democráticos”.
Si la OEA aprueba la solicitud de Pence, representaría ni más ni menos, la ratificación de que la mayoría de los Estados del continente americano perciben que el Gobierno de Maduro ha perdido la legitimidad en el desempeño democrático.
Y no solo eso, el Gobierno sería escrutado y vigilado con ahínco por las autoridades de la OEA en cuanto al desarrollo de sus funciones y el ejercicio del poder y los demás países asumirían que Venezuela no tiene un gobierno democrático, y eso sería declararse -oficialmente- ante el mundo como un régimen opresor y autoritario.
De modo que, activar la Carta Interamericana aislaría un tanto más al gobierno de Nicolás Maduro, aunado a ello la presión internacional de las sanciones que los países de la región han puesto a los altos funcionarios del régimen, pero ¿tendrá efecto para que Venezuela recupere la democracia o arreciarán -aún más- las consecuencias de las sanciones en el día a día de los venezolanos?
