Cuando nos preguntan fuera de Venezuela, en cada uno de esos encuentros que realizamos buscando que se comprenda la situación que vivimos en nuestro país -no solo en lo que nos atañe directamente, como es la persecución de la que son víctimas nuestros seres queridos, presos por pensar distinto, por denunciar la forma arbitraria como se conduce a nuestra Nación- respondo, sin titubear, que lo que ocurre es consecuencia de la traición a los principios democráticos.
Ahí está la causa angular de esta crisis que estremece a todos los sectores de la vida nacional. Se trata de la voltereta que dieron quienes le pidieron al pueblo su confianza bajo promesa de hacer una revolución que la gente entendió en su momento, como el cambio que traería soluciones a los problemas del país. Se montaron en la plataforma democrática para luego traicionarla usando todo tipo de artimañas. Ahora, 17 años después, cunde la decepción de la inmensa mayoría de los que votaron por ese modelo “prodigioso”, suerte de panacea que resolvería los males que aquejan a los venezolanos.
También hay indignación e irritación, sabiendo que la maniobra fue fríamente calculada, y viendo cómo se ha desarrollado un guión para colapsar las instituciones, porque mientras más esqueléticos estén los órganos públicos y más empobrecida la gente, hay más cancha para que el régimen continúe su juego, que no es otro que el de imponer una élite para gobernar eternamente. Para lograr tal objetivo se valen de cualquier medio, no importa que sea impúdico. Todo es válido para alcanzar esa meta.
Consciente de esta tragedia, puse en entredicho lo que en un foro público, realizado recientemente en Madrid, sostenía el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, cuando aseguraba que “en Venezuela hay instituciones que garantizan el funcionamiento de un Estado de Derecho”. No es así, le dije en tono respetuoso, y asistida por la razón que nos dan los hechos consumados en nuestro país. Bien se sabe que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente o mediante sus representantes legítimos: los diputados elegidos el pasado 6 de diciembre con una votación abrumadora.
¿Qué ha ocurrido? Que días después de esa consulta, la fenecida Asamblea Nacional en combinación con el ejecutivo, designó los magistrados del TSJ violando los procedimientos constitucionales. Todo se hizo premeditadamente, para que desde su Sala Constitucional se tomaran decisiones ilegales, al extremo de pretender sustituir la Constitución.
Se confiscan la potestad legislativa de la nueva Asamblea y la voluntad de los electores que escogieron en el estado Amazonas a sus representantes, y por si fuera poco, también se atreven a contrariar el derecho constitucional de los venezolanos a resolver nuestras dificultades por la vía de un referéndum.
Mitzy Capriles de Ledezma
