La Asociación de Alcaldes por Venezuela expresó este lunes su más profundo rechazo a las continuas actuaciones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia mediante las cuales ha violado sistemáticamente el estado de derecho y el orden constitucional en desconocimiento continuado de la soberanía popular.
Con la utilización de la deformada reinterpretada figura jurídica del “Desacato” la Sala Constitucional ha privado a la Asamblea Nacional del ejercicio pleno de sus competencias en más de cincuenta sentencias en las que ha venido usurpando sus funciones e interpretando el texto constitucional vigente en contra de su espíritu, propósito y razón, produciendo modificaciones al mismo para lo cual no tiene ninguna facultad. El único que puede modificar la Constitución Nacional es el pueblo venezolano mediante los mecanismos en ella previstos.
A los Alcaldes no nos es extraña la utilización de la figura del “Desacato” para violentar la voluntad popular. Los precedentes del inconstitucional desacato declarado reiteradamente en contra de la Asamblea Nacional lo constituyen los casos de los alcaldes Enzo Scarano (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Diego del Estado Carabobo) y Daniel Ceballos (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira).
Pero no sólo la figura del desacato se ha utilizado por el poder judicial para desconocer la soberanía popular. Violando la presunción de inocencia y el debido proceso, se han dictado órdenes de detención al inicio de procesos judiciales penales sin que medie sentencia alguna, para impedirles el ejercicio de los cargos para los cuales fueron electos a los alcaldes en ejercicio: Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de la ciudad de Caracas) quien se encuentra ya hace más de dos años privado de su libertad, Delson Guarate (alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri del Estado Aragua) quien también esta privado de su libertad y, Warner Jimenez (alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas) quien para evitar su inconstitucional detención tuvo que salir al exilio.
Las sentencias 155 y 156 recientemente dictadas por la Sala Constitucional, tal como lo expresara la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, así como el Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, la mayoría de la dirigencia política nacional y el foro jurídico venezolano, unido al rechazo de gobiernos y parlamentos de todas partes del mundo democrático, constituyeron la más grotesca usurpación de funciones del parlamento nacional y la ruptura definitiva del orden constitucional.
Instamos a la Fiscal General de la República a actuar en el ejercicio de sus competencias y proceder a abrir los procesos penales correspondientes contra quienes han venido usurpando de manera continuada las facultades de otros poderes públicos. No basta con la declaración pública realizada en la cual señaló la ruptura del orden constitucional. Es su obligación constitucional enjuiciar a quienes la produjeron.
Ante la gravedad de los hechos sucedidos los miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, todos alcaldes municipales pertenecientes al Poder Público Municipal, declaramos que nos unimos a todos los diputados demócratas de nuestro parlamento nacional y al pueblo noble de Venezuela para conquistar el reestablemiento pleno de la vigencia del orden constitucional y en consecuencia convocamos a todos los demócratas del país a las manifestaciones pacíficas de protesta que ser requieran, en especial, a acompañar a nuestros diputados el próximo martes en la ciudad de Caracas.
