Ante el agotamiento del diálogo directo entre los dos países, el Consejo Permanente de la OEA, conformado por los embajadores de 34 naciones de América, decidirá por solicitud del gobierno Santos si convoca a los cancilleres del continente para examinar la situación. La segunda batalla tendrá lugar el jueves en Quito, ante los 12 cancilleres de Unasur.
El reto de Colombia es lograr que el tema llegue a las plenarias de esos dos organismos multilaterales. El Gobierno sabe que a lo máximo que se puede aspirar en ambos foros es que el caso sea debatido ampliamente, de manera que “el mundo conozca la situación”, según palabras del presidente Juan Manuel Santos.
Instancias sin dientes
La OEA, que es el escenario que menos le gusta al gobierno de Venezuela, carga con años de cuestionamientos por su falta de efectividad. Mientras que Unasur es una arena en la que la influencia del Gobierno de Caracas, aunque disminuida desde la desaparición de Hugo Chávez, no genera mayores esperanzas en varios sectores colombianos.
Pero incluso si se llegara a las decisiones, ni la OEA ni Unasur tienen mecanismos coercitivos que puedan aplicarse de manera ágil en caso de establecerse responsabilidades por los daños contra los más de 7.000 colombianos que han sido obligados a huir de territorio venezolano.
Hasta ayer, la Unidad de Gestión del Riesgo reportaba el retorno de 7.165 personas, entre ellas 1.097 deportados. Centenares más han ingresado por trochas y no se han registrado. Las autoridades habilitaron tres nuevos albergues entre Cúcuta y Villa del Rosario (ahora son ocho). Y allí había ya 2.333 personas.
Álvaro Tirado Mejía, exembajador ante la OEA, dice que la posibilidad de sanciones es remota. Y recordó, además, que “Venezuela se separó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera que no parece útil llevar quejas allí, por falta de competencia”.
Rubén Sánchez, profesor de asuntos internacionales de la Universidad del Rosario, consideró que Colombia podría lograr cosas políticamente significativas en Unasur, porque a pesar de la innegable influencia de Venezuela en ese foro, hay varios países aliados o, si se prefiere, más cercanos a Bogotá.
Caracas se va a jugar allí todas sus cartas, para tratar de vender la tesis de que la supuesta amenaza paramilitar y la ‘guerra económica’ son el origen de la crisis en la frontera.
Maduro dijo el viernes que espera que se designe una “comisión suramericana que venga a ver la situación del paramilitarismo y el narcotráfico, y que tenga la disposición de decir la verdad”. Esa comisión, según el mandatario, debería estar presidida por una “persona de confianza” y “certificar la situación del ‘bachaqueo’ (reventa de productos), del contrabando”.
La Secretaría General de Unasur está en manos del expresidente colombiano Ernesto Samper. Su decisión de validar la argumentación de Maduro en el sentido de que debía cerrar la frontera para detener la incursión del paramilitarismo indispuso a muchos sectores de opinión.
Aunque organismos internacionales como la ONU pidieron a los mandatarios de los dos países retomar el diálogo, Colombia no confía en que Caracas honre los acuerdos, pues fue precisamente el incumplimiento de compromisos lo que llevó al Gobierno a llevar el problema a instancias multilaterales. Instancias donde la apuesta no es otra que aumentar la presión internacional sobre Venezuela. Y la OEA y la Unasur serían solo la primera fase de esta apuesta, si el problema continúa.
El viernes, luego de que Colombia decidió acudir a la diplomacia multilateral, Maduro, en un discurso de plaza pública, invitó al presidente Santos en tono desafiante a que hable “sin intermediarios”, pero al mismo tiempo anunció nuevas medidas que empeoran la crisis, como el cierre de la frontera en otros cuatro municipios del Táchira.
Ante la magnitud de la crisis humanitaria, todos los gremios y todos los partidos (incluido el uribismo, el mayor opositor) cerraran filas en apoyo a la postura del Gobierno.
“Hacemos un llamado a todos los colombianos, sin distingo de ideologías políticas, a respaldar al Presidente como jefe de Estado y a acompañar las decisiones adoptadas en las últimas horas con el fin de proteger y hacer respetar los derechos de los ciudadanos colombianos”, reza la declaración suscrita por los partidos.
Es la primera vez en muchos años que todas las banderas políticas, sin excepción, se unen alrededor de una causa. De hecho, el presidente Santos lo resaltó el viernes, en el cierre del congreso de Asobolsa en Cartagena: “Esto no se había visto hace décadas en el país”.
Claves para leer a Maduro
1. ¿Paramilitares o ‘bacrim’?
El fantasma del paramilitarismo colombiano es recurrente en el discurso chavista. En el 2004, 93 colombianos fueron capturados por el gobierno de Hugo Chávez, que los señaló de ser ‘paras’ que iban a atacar el Palacio de Miraflores. Casi todos quedaron libres. La única prueba de un proyecto ‘para’ en Venezuela data del 2002, cuando las Auc intentaron crear las Autodefensas Unidas de Venezuela (Auv). Ese plan murió con el proceso de paz que, en el gobierno Uribe, llevó al desmonte de las Auc. De hecho, en el 2005 el jefe paramilitar ‘Julián Bolívar’ estuvo en Caracas, hablando con altos mandos del gobierno de Chávez y buscando apoyo para la negociación de paz. El paramilitarismo como tal –grupos armados de extrema derecha apoyados por sectores del Estado– no se aplica para las bandas criminales que delinquen en Venezuela, en las que sí hay ex-Auc que mueven el narcotráfico en complicidad con algunos militares y funcionarios de ese país. En Norte de Santander operan los Úsuga, que se hacen llamar ‘paras’ pero que están aliados con Farc y Eln para llevar coca a Venezuela.
Un hecho llamativo es que Caracas hable de una crisis de seguridad asociada a las bandas –de hecho existe–, pero que calle frente al secuestro y la extorsión asociados a la probada presencia de las Farc y el Eln en el país vecino.
2. El contrabando
Según Maduro, la falta de productos de primera necesidad que sufre Venezuela se explicaría por qué se los llevan para Cúcuta, y esto haría parte de lo que él llama ‘guerra económica’. Pero el contrabando, el cual existe y opera bajo la lógica de que los subsidios hacen mucho más baratos productos que aún se consiguen en Venezuela, está lejos de justificar la escasez que padecen los venezolanos, mucho menos la de las grandes ciudades, como Caracas y Maracaibo.
3. ‘Guerra económica’
Maduro sorprendió con su versión sobre la supuesta incidencia de las casas de cambio de Cúcuta sobre la crisis económica de su país. Dijo que desde esa ciudad hay un ataque a su moneda. “Se llevan los billetes de 100 y 50 bolívares (los de mayor denominación) para dejarnos sin moneda”, afirmó. Los que conocen la economía del país vecino dicen que Maduro busca crear distractores para justificar una crisis disparada por la hiperinflación, la falta de papel moneda y la política de control cambiario que fija el precio del dólar en tres franjas (200, 12 y 6,30 bolívares) y ha fomentado un mercado negro en el que la divisa se negocia a 700 bolívares.
