La tortura es un aberrante e indiscutido delito de lesa humanidad, y así ha sido expresamente reconocido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que está vigente desde 1987.
En su reciente conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, el activo director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, formuló una gravísima denuncia contra el gobierno autoritario de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro.
Vivanco acusó a Maduro de que el régimen comandado por él tortura a sus presos políticos mediante el uso de la picana eléctrica, métodos de asfixia, violaciones y vejaciones corporales de toda suerte y hasta palizas brutales, que se propinan a los detenidos regularmente para intentar lograr que, de ese modo, “confiesen” delitos que jamás cometieron.
Se trata de hechos de horror que ponen al régimen venezolano en el despreciable andarivel de los gobiernos que, al torturar, vulneran abiertamente la dignidad de la persona humana. En el caso de Venezuela, cuyas patológicas autoridades, pese a la tremenda debacle social generada por su gestión, intimidan sistemáticamente a la región, la tortura se ha venido practicando hasta ahora con una total impunidad.
Esta trágica situación se ve agravada por el hecho, también lamentable, de la clara complicidad que encierra el repudiable silencio de muchos de los gobiernos de los países latinoamericanos.
Vivanco confirmó en su exposición que al menos 21 dirigentes de la oposición que han sido arrestados desde el pasado mes de mayo sostuvieron expresamente haber sido víctimas de crueles torturas. Ellos son parte del centenar de dirigentes políticos opositores a los que Maduro mantiene recluidos en sus horrendas prisiones, simplemente por no comulgar con su trasnochada ideología y fracasado proyecto. Maduro, cada vez más mendaz, niega que las cárceles de su régimen contengan presos políticos.
Todos esos valientes dirigentes opositores venezolanos han sido encarcelados como forma de presionar a la oposición y tratar de disuadir las protestas públicas del pueblo venezolano que está sometido a la locura de tener que vivir bajo una inflación desesperante que ya supera el 500 por ciento anual y a tener que soportar estoicamente la escasez de todo, incluidos los alimentos y medicamentos. Ése es el deplorable y grotesco nivel de vida que ha deparado a los venezolanos el colectivismo marxista impuesto desde hace años por el fracasado experimento totalitario al que denominamos chavismo.
En el colmo del disparate con el que cada día nos sorprende el régimen, ahora forzarán a un porcentaje de los empleados de empresas públicas y privadas a trabajar en el campo para aumentar la producción agroalimentaria.
Vivanco pide insistentemente que toda la región condene sin temores la desgraciada situación que se vive en Venezuela, y sostiene que sin la presión regional las cosas empeorarán aún más en aquel sufrido país. Califica sin rodeos a su gobierno de “brutal y autoritario” cuando de suprimir el disenso se trata.
Además sostiene, con razón, que el diálogo como único mecanismo para enfrentar a Maduro y los suyos y salir en ayuda del pueblo venezolano, cuyas libertades y derechos son constantemente violados por su gobierno, es un recurso necesario, pero a la vez claramente insuficiente. Por eso, califica la falsamente inocente posición de nuestra canciller de equivocada y apoya específica y puntualmente la invocación de la Carta Democrática Interamericana, que despoja a Maduro de los disfraces que adopta y lo deja expuesto sin disimulos.
La voz de Vivanco no puede quedar sola. No se puede continuar desoyendo la incuestionable realidad y gravedad de los hechos denunciados. Lo que viene ocurriendo en Venezuela desde hace años obliga a llamar a las cosas por su nombre y a actuar con premura y decisión en defensa del castigado pueblo venezolano, al que los imperdonables silencios de sus hermanos de la región vienen lastimando inequívocamente desde hace ya demasiado tiempo.
