“El gobierno desarrolla en el país un proceso de violencia alimentaria como arma de control político y estrategia de adaptación social muy graves”, dijo Susana Rafalli, nutricionista experta en seguridad alimentaría en situaciones de emergencia y desastre. Explicó que desde el Ejecutivo se decide lo que la población va a comer, el día en el que comprará los alimentos y el lugar, lo que ocasiona desesperación y angustia en los consumidores ante la incertidumbre de si encontrarán comida o si estarán expuestos a saqueos, agresiones en las colas o estallidos sociales.
Refirió que investigadores de la Universidad Central de Venezuela estudian este fenómeno y perfilan un nuevo concepto que definen como violencia alimentaria. Añadió que según las clasificaciones internacionales de los especialistas en nutrición, Venezuela se encuentra en una crisis de inseguridad alimentaría severa. “La emergencia nutricional se ha instalado lentamente y ya es irreparable para la población infantil. Sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno son paliativos o no resolutorias”, afirmó en el foro “Corrupción y hambre, una realidad inexcusable”, organizado por Transparencia Internacional.
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