Decir que las instituciones en Venezuela están en crisis no es solo un lugar común: Es un hecho fáctico demostrado en estudios como el Índice de Calidad Institucional que realiza anualmente Martín Krause, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, quien vino a Venezuela la semana pasada con ocasión de la Asamblea Anual del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), en la que presentó dicho estudio.
Los resultados para el país no son prometedores: De los 192 Estados cuyas instituciones se evaluaron, Venezuela ocupa este año el puesto 184, que lo ubica como el país de Latinoamérica con peor calidad institucional.
Krause explica que el índice busca evaluar el nivel tanto del mercado como de las instituciones políticas y del Estado, que son las instancias a través de las cuales los individuos buscan satisfacer sus necesidades.
Baja calidad institucional
“Al hablar de instituciones, me refiero específicamente a la calidad de las ‘reglas del juego’ para los individuos: Hay países donde el individuo puede desarrollar sus oportunidades más que en otros”, aclara Krause en entrevista con Notitarde, en la que comentó algunas de las instituciones evaluadas por el índice: Independencia de la justicia, separación de poderes, respeto a la propiedad privada y a los contratos y libertad de prensa.
Para Krause, la explicación a la baja calidad institucional de Venezuela está en el populismo que ejerce el Gobierno. “Los gobiernos populistas no rinden cuentas”, dijo.
“Cuando un país tiene instituciones quiere decir que hay separación y límites al poder, y eso es todo lo contrario a lo que ocurre en los países populistas de Latinoamérica, donde dependemos de la voluntad del líder populista y vaya usted a saber cuál es esa voluntad”, comentó.
– Esas ideas de límites y separación de poderes son propias de las democracias liberales, y tanto Chávez como Maduro han sido enfáticos en que ése es el sistema “burgués” que ellos quieren desmontar…
– Un Gobierno que dice querer un “cambio revolucionario de las instituciones” necesita un consenso muchísimo más amplio que el que da ganar una elección. Un triunfo electoral solo dice que la gente prefirió para dirigir el Estado a una persona por encima de otra, pero no dice que los electores quieren cambiar el sistema institucional por completo. Una República es más que una democracia; es una democracia limitada, donde es verdad que la mayoría elige al gobernante, pero éste no puede violar los derechos de las minorías, y eso es lo que deben vigilar las instituciones, que no haya abusos por parte del Estado, que es como lo dice la ciencia política, el que tiene el monopolio de la fuerza; un monopolio que se controla con límites a la coerción como los que hemos dicho: División de poderes, renovación de mandatos, descentralización y libertad de prensa.
No es controlado, pero controla
La relación entre los individuos y el Estado no es lo único que se ve perjudicado por la poca calidad institucional de la que alerta el profesor argentino. La prosperidad económica tampoco se beneficia de un Estado que lo controle todo.
“Los recursos naturales en manos del Estado originan que éste ya no dependa de los impuestos de los contribuyentes, sino de estas ‘riquezas’ naturales. Al no depender de los impuestos, el Estado no tiene que rendir cuentas y los ciudadanos pierden todo control”, explicó Krause.
– El Gobierno ha intentado regular la existencia de “precios del mercado” a partir de mecanismos de control de precios para lograr lo que ellos llaman “precios justos”…
– Los controles de precio nunca han tenido éxito. Cada vez que se aplican controles de precio, las consecuencias son las mismas: Escasez y desabastecimiento. Por otro lado, no existe un margen de ganancia “justa”. Para lograr eso habría que hacer el control de hasta el último precio de la economía, lo que sería ridículo. Si de verdad se quieren controlar los precios, hay que dejar de emitir moneda, porque un aumento de precios, en realidad, lo que significa es que hay un exceso en la emisión de dinero. Por eso las medidas que dolarizan las economías frenan la inflación, porque cambia el respaldo de la moneda.
– ¿Cómo los gobiernos logran entender que un esquema de control de precios no funciona?
– Llega un punto en que esa situación hace que la economía se acerque al colapso, por lo que en algún momento se produce la liberalización, tarde o temprano, incluso con un gobierno distinto al que lo impone originalmente. Lo primero que habría que hacer en Venezuela es que el Banco Central deje de intervenir en el precio del dólar y ver en cuál termina quedando el bolívar. El mercado determinará, a través de la oferta y la demanda.
– Se asume que el aumento de la gasolina generó los sucesos del 27-F de 1989. Suelen achacar la culpa de las crisis y los estallidos sociales a estas medidas que se califican, casi despectivamente, de “neoliberales”…
– Es verdad que estas cosas pasan, porque el bolsillo de la gente se ve afectado, pero culpar a las crisis de las medidas de control y disciplina fiscal es echarle la culpa del problema al remedio y no a la enfermedad. La enfermedad es la inflación, que en realidad significa la pérdida del valor de la moneda, algo que se refleja en el aumento de los precios. Para evitar los estallidos habrá que ver las circunstancias de cada caso; lo que sí no es posible es mantener permanentemente las distorsiones causadas por el control de precios que ahuyentan la inversión extranjera. ¿Cómo alguien invierte si corre el riesgo de ser expropiado, si no puede sacar sus dólares del país?
Redistribuir lo inexistente
Krause advierte sobre el riesgo de intentar establecer “Estados benefactores” en Latinoamérica: “Los países de Europa que creyeron en el Welfare State fueron primero ricos antes de intentar ser benefactores. En Latinoamérica, por el contrario, pretendemos redistribuir una riqueza que no existe, que no está producida. Entonces lo único que ‘reparten’ es pobreza e inflación”, aclaró.
Asimismo, afirmó que “en los países donde funciona el Estado benefactor se aproximan a la quiebra; en la actualidad lo que hay que intentar es caminar en sentido contrario, más aún en un mundo globalizado donde hay que competir con gigantes económicos. Un Estado benefactor genera altos impuestos y quita competitividad a las empresas. Suecia es un ejemplo, se enriqueció en la primera mitad del siglo XX; luego desarrolló un Estado benefactor que quebró alrededor de 1990 y a partir de ahí empezó a dar marcha atrás. Ahora son una sociedad muy solvente, no tienen déficit fiscal, han reducido su deuda y su gasto público”.
