Lo que comenzó como plan para garantizar la seguridad en las zonas populares se ha convertido en un procedimiento que ha logrado todo menos disminuir la criminalidad en el país. Detenciones arbitrarias, abusos a la propiedad privada y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales son algunas de las violaciones a los derechos humanos aplicadas por un procedimiento que, según expertos, sólo tuvo fines electorales en 2015
El 13 de julio de 2015, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Gustavo González López, anunció la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un plan de seguridad destinado a intervenir “las áreas donde operan grupos delincuenciales que se dedican a actividades de paramilitarismo colombiano, organización de bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”.
El proyecto de seguridad, que según su planificación estaría segmentado en varios puntos del país, tuvo su inicio entre la Cota 905, Ciudad Tiuna y Betania IV.
Las autoridades consideraron positivas las cifras del primer balance. 14 presuntos delincuentes fueron ultimados, 134 personas resultaron detenidas y fueron recuperados armas (de diferentes calibres), vehículos, motocicletas y varios apartamentos donde los propietarios fueron desplazados por delincuentes para ser utilizados para el “acaparamiento” y contrabando de alimentos.
La ideología del operativo es simple. pacificar las zonas populares, bajar los índices delictivo, neutralizar el tráfico de drogas y “paramilitarismo”, además de garantizar la seguridad de las personas en un país, que como refiere la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el segundo más violento del mundo con 72,4 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la estrategia de este procedimiento de seguridad no resultó como se esperaba.
A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos injustificados se duplicaron, y hasta triplicaron, en comparación con años anteriores, cuando el plan de la OLP no estaba en funcionamiento.
“Las OLP se convirtieron en una política de exterminio. La sentencia de muerte se ha convertido en base de Estado. Este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes que se están cometiendo. Los procedimientos de la OLP no pueden estar diseñados para eliminar, sino tiene que tener un política de seguridad nacional para el Estado”, declaró el director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web.
Otras ONG y expertos en el área criminal han proyectado todas las irregularidades durante los procedimientos de este plan de seguridad y difieren, en amplio margen, con las cifras otorgadas por los organismos del Estado.
“Organismos como el Ministerio Público han maquillado la cifra de las bajas en la presentación oficial de sus informes”, comentó el sociólogo Roberto Briceño León.
A pesar de todas las críticas y violaciones a los derechos humanos, aún hay gente que considera positiva la participación de las OLP en las zonas populares y tildan como la principal apuesta del gobierno nacional en materia de seguridad.
En mayo de este año se activó la segunda fase del procedimiento que, según el ministro de Interior y Justicia, servirá para mantener en los lugares de acción a las “Unidades de Liberación y Protección del Pueblo”, proceso avalado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Sin disminuir la inseguridad
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo es, como su nombre lo indica, un plan para salvaguardar las zonas del país afectadas por la inseguridad. Sin embargo, los resultados que ha generado son adversos.
En el balance anual de 2015, presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se registraron 17.778 asesinatos “culposos” (lo que es equivalente a 58,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), 245 de ellos durante los primeros 5 meses de la OLP.
No obstante, estas cifras presentadas por el gobierno difieren con los balances de las ONG. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) determinó que la cifra de asesinatos el año pasado fue de 27.875, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en su informe anual que además de los casos presentados por el Ministerio Público recibieron al menos denuncias que aumentan a 460 la cifra de denuncias contra el derecho a la vida el año pasado. Esto equivale a un aumento de 109% en relación con 2014.
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