Aún hay secretos en este caso de corrupción denunciado por el Fiscal General de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. ¿Por qué no avanzaron las investigaciones que el Ministerio Público había comenzado? De la Cancillería durante la gestión de Delcy Rodríguez no salieron las rogatorias del Ministerio Público sobre el caso de la Banca Privada de Andorra.
expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, renunció a su cargo de embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y lo hizo jurando “lealtad al pueblo, a nuestro país, a la revolución y al comandante Chávez”, pero advirtiendo también que no permitirá que le ofendan por las críticas y observaciones que ha hecho en los últimos días, no sólo porque “tengo un nombre” sino porque con ello “afectan la unidad de las fuerzas revolucionarias”, publicó el periodista Juan Francisco Alonso en Al Navío.
Quien desde enero de 2015 encabezaba la legación venezolana ante el organismo multilateral en Nueva York (Estados Unidos), no se va porque quiera, sino porque así se lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, según reveló en la misiva que este 4 de diciembre le envió al canciller Jorge Arreaza y que la tarde del martes difundió.
La dimisión de Ramírez se produjo apenas horas después de que Tarek William Saab, acusara a su primo, el millonario boliburgués Diego Salazar, quien fue detenido el pasado viernes en Caracas, de liderar una “organización criminal” que habría desviado 4.200 millones de dólares de Pdvsa y otras empresas públicas desde 2006, coincidiendo con la etapa del renunciante embajador como presidente de Pdvsa.
Saab en su comparecencia de este martes, ratificó que la captura de Salazar se relacionaba con el escándalo de las cuentas millonarias que venezolanos tenían en la intervenida Banca Privada d’Andorra y aprovechó para acusar a su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, de ser cómplice de las fechorías del detenido, quien se habría enriquecido al manejar las pólizas de seguros de Pdvsa.
Sin embargo, las hemerotecas se empecinan en desmentir a Saab. Así, el 25 de mayo de 2015, Ortega Díaz anunció que les pidió a las autoridades judiciales andorranas, españolas y suizas información sobre las cuentas de venezolanos en la institución intervenida o en sus filiales. “Solicitamos información a Andorra, a Suiza, a España, porque circuló a través de algunos medios de comunicación en España que supuestamente el ministerio fiscal español estaba procesando a algunos venezolanos, entonces nosotros solicitamos también información”, dijo.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y nada pasó fuera del país. ¿Por qué? “Porque las solicitudes nunca salieron de Venezuela”, reveló telefónicamente un estrecho colaborador de Ortega Díaz que se encuentra con ella en Bogotá. “Nosotros entregamos las rogatorias a la Cancillería, como manda la ley, pero como los meses pasaban y no obteníamos respuesta en una reunión internacional preguntamos a los representantes de algunos de los países a los que enviamos las solicitudes qué había ocurrido y nos dijeron que no habían recibido nada. En la Cancillería se quedaron con todo, porque estaban protegiendo a quienes ahora persiguen”, acotó la fuente.
El artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece: “Corresponde al Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, solicitar y ejecutar exhortos, o cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo cual realizará conforme a las previsiones de la legislación interna y con fundamento en los acuerdos, tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en la materia”.
En la Cancillería hay un departamento que se encarga exclusivamente de llevar adelante estos trámites judiciales y es a donde llegan las peticiones de ayuda, pero también de extradición. Y para el momento en que se hicieron las solicitudes Delcy Rodríguez, actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, era la jefa de la diplomacia venezolana.
Desde la anterior gestión de la Fiscalía admiten que han podido ser más ágiles, pero explican: “Sin la información de las autoridades de los tres países europeos era muy difícil avanzar, porque adentro tampoco teníamos mucha colaboración. En los últimos dos años cada solicitud de allanamiento, orden de detención o cualquier otra acción contra alguien cercano al Gobierno debía hacerse de manera muy general, porque si no nos la rechazaban en los tribunales o algunas policías no las ejecutaban”.
