Una frase de la fiscal Luisa Ortega Díaz desencadenó todo. “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y el desconocimiento de Estado consagrado en nuestra Constitución“, fue la denuncia que hizo la funcionaria este viernes 31 de marzo, desde el Ministerio Público.
El artículo 132 del Código Penal señala que “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”.
Debido a esto se han generado diversas reacciones de parte de académicos, gremios, estudiantes, organizaciones no gubernamentales que con apoyo del Parlamento venezolano gestionarán ante el Consejo Moral Republicano el procedimiento de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que disolvieron el Parlamento, mecanismo que impulsará el Poder Legislativo a partir del próximo martes.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, explicó que de acuerdo al artículo 265 de la Constitución se necesitan dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para proceder con la destitución de los magistrados, así como que el Consejos Moral Republicano, conformado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloria General manifiesten que hay una falta grave por parte de los magistrados, “lo cual pareciera evidente, sin embargo el Defensor del Pueblo indicó que no ha habido ninguna mala actuación de los magistrados”.
Por su parte la abogada, profesora de la UCV y coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza Scognamiglio, aclaró que para que se lleve a cabo el proceso de destitución “se necesita hacer una solicitud de remoción al Consejo Moral Republicano, que la hace la Asamblea, luego de esto los tres Órganos pertenecientes al Consejo dentro de un lapso de 8 días siguientes, toman una decisión si efectivamente hay falta calificada o no y por último la decisión la hace la Asamblea Nacional”.
