CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno venezolano endureció su posición hacia Guyana por exploraciones petroleras que ese país está realizando en un área marítima en disputa, pero analistas y opositores dudan que la tensión diplomática desvíe la atención de la coyuntura electoral y la profunda crisis económica en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro anunció la víspera el llamado a consultas de la embajadora venezolana en Guyana y la revisión de las relaciones bilaterales, en respuesta a lo que consideró una “agresión” de parte del gobierno guyanés por dichas exploraciones en una zona sujeta a una disputa limítrofe desde hace varias décadas.
En su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario dijo también que solicitaría al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que convoque a una reunión entre las partes y la definición de un buen mediador para avanzar en las negociaciones limítrofes con Guyana por el Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que incluye un área de plataforma marítima y es rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo.
Una subsidiaria de la corporación estadounidense Exxon Mobil inició en marzo actividades de exploración en un campo ubicado en una cuenca frente a Guyana.
Posteriormente, el martes en la noche durante el acto de graduación de oficiales de la
Fuerza Armada en Caracas, Maduro rechazó las declaraciones del presidente guyanés David Arthur Granger, quien ha dicho que las acciones del mandatario venezolano eran consecuencia del apoyo colectivo que recibió Guyana del bloque comercial del Caribe en la disputa con Venezuela.
Granger “ha dado unas declaraciones lamentables. Las rechazo en todas sus partes y seguiré tomando decisiones de Estado para rechazar, disipar, neutralizar y derrotar está provocación, de este provocador de la Exxon Mobil, que ha venido a meterse e insultar a Venezuela”, expresó Maduro.
“No podemos aceptar las ofensas de quien, ejerciendo la máxima magistratura de Guyana, no representa al pueblo de Guyana, representa a la Exxon Mobil”, insistió.
Maduro ha dicho que es una “agresión” que el gobierno de Granger haya permitido a esa compañía incursionar en un territorio en disputa entre ambas naciones. El gobernante además ha culpado a la petrolera de influir sobre funcionarios de Guyana, una excolonia británica.
Granger —que planteó la disputa territorial en la cumbre anual de líderes regionales en Barbados, la cual terminó el pasado fin de semana— declaró a periodistas en Georgetown que su gobierno no está sorprendido por las acciones que ha tomado Maduro.
“No estoy sorprendido por eso, porque él se ha enfrentado con el rechazo de su decreto por toda la comunidad del Caribe, por lo que sólo está aumentando el aislamiento de su gobierno de la región”, dijo Granger a periodistas el lunes.
El mandatario venezolano también desestimó el martes el comentario de su par guyanés sobre la postura de la comunidad caribeña y lo acusó de estar “buscando dividir al Caribe”, y dijo que se mantendrá a la expectativa a ver si Granger puede lograr dicha división.
Venezuela ha sido el gran benefactor de la región caribeña a través de los convenios de Petrocaribe, que financia a sus socios hasta 50% de sus facturas petroleras por 25 años, con un período de gracia de hasta dos años. Estos acuerdos han permitido a los miembros de Petrocaribe tener más dinero para financiar sus gobiernos, que cargan pesadas deudas.
Maduro también acordó el lunes una reforma de un decreto sobre zonas operativas de defensa integral marítima e insular que generó fricciones con Guyana y Colombia. El anuncio fue recibido favorablemente por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que el martes afirmó que la reforma de la normativa “arregla este malentendido” y demuestra que “a través del diálogo, a través de la diplomacia es como se resuelven los problemas”. La reforma del decreto entró en vigencia el martes luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
Horas más tarde, la cancillería colombiana celebró en un comunicado la decisión de Maduro de derogar el decreto, destacando que la posterior reforma “elimina las coordenadas establecidas” de las zonas operativas de defensa marítima en su fachada occidental “y reconoce la existencia de delimitaciones de aguas marinas y submarinas pendientes de ser negociadas”.
El gobierno colombiano también elogió la decisión de Maduro de crear una Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes para la definición de todos los temas pendientes en materia limítrofe de Venezuela con sus vecinos.
Por su parte, el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, acusó a Maduro de utilizar el caso de Guyana para “desviar la atención de los temas que más preocupan” e instó a los venezolanos, a través de su cuenta en Twitter, a asumir la defensa del país.
Pero la ex congresista y dirigente opositora María Corina Machado descartó que las fricciones diplomáticas con Guyana puedan distraer a la opinión pública de la crisis económica en Venezuela, caracterizada por una desbordada inflación y severos problemas de escasez de alimentos y bienes básicos.
Machado dijo a The Associated Press que la postura que asumió Maduro la víspera ante Guyana respondió a una “presión interna, desde luego al nivel de las fuerzas armadas”.
La exdiputada sostuvo que en este caso están en juego “elementos estratégicos” que van mucho más allá del debate de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre y en las que la oposición figura como favorita, según las principales encuestas.
El analista internacional Carlos Romero consideró “natural” la reacción de Maduro, y planteó que debe ser bien recibida la propuesta del mandatario de recurrir a la vía jurídica y diplomática para resolver las tensiones y el diferendo limítrofe.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana pidió a Caracas no interferir en esas exploraciones petroleras y dijo que cualquier intento de Venezuela de hacer valer sus reclamos será “resistido con firmeza” y denunciado ante la comunidad internacional.
La disputa por Esequibo se encuentra en la instancia del secretario general de la ONU desde 1983 por acuerdo entre los dos países.
