Uno de ocho venezolanos acusados de exportar o intentar exportar armas y municiones a su país fue condenado el lunes a 38 meses de prisión en la Corte Federal de Miami, mientras que el juez en otro caso relacionado modificó una orden previa en la que decía que el acusado tenía que ser deportado inmediatamente luego de ser sentenciado.
La nueva orden del juez Robert Scola dice que Alfredo Montilla Hernández será deportado tras cumplir su condena de 30 meses en prisión. Scola atribuyó el error al secretario de su despacho.
En tanto, Abrahán Aguilar Sánchez, quien fue condenado por la juez Cecilia Altonaga durante una audiencia el lunes, también recibió una orden de deportación que se hará efectiva cuando cumpla su condena.
Los casos que involucran a los venezolanos destaparon un poco conocido envío de armas al país sudamericano, a raíz del trabajo de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE). Una persona familiarizada con el caso dijo que los acusados no estaban enviando o tratando de enviar armas a Venezuela para fines políticos, sino para revenderlas como negocio ya sea dentro de su país o a otros países de América del Sur.
“Su señoría”, dijo Aguilar Sánchez a la juez Altonaga minutos antes de ser condenado, “primero quiero pedirle perdón, okay, y también al gobierno de los Estados Unidos. Estoy muy arrepentido con lo que hice. Yo colaboré con Estados Unidos y solo le pido la oportunidad de poder regresar con mi familia. Gracias y que Dios la bendiga”.
Altonaga agradeció a Aguilar Sánchez sus palabras y de inmediato pronunció la sentencia: 38 meses, que resultó ser ocho meses menos de lo que inicialmente buscaba la Fiscalía, que luego informó a la juez que eventualmente pediría una reducción adicional de la condena debido a la cooperación ofrecida por el venezolano.
Los fiscales también solicitaron que Aguilar Sánchez continúe colaborando en la investigación debido a que aún se encuentran prófugos en Venezuela otros cuatro venezolanos implicados en el caso.
Louis Casuso, el abogado de Aguilar Sánchez, le dijo a la juez Altonaga que su cliente permanece dispuesto a colaborar pero que no cree que Venezuela vaya a extraditar los otros venezolanos a Estados Unidos, con lo que estuvo de acuerdo la juez.
El caso salió a la luz en abril del 2016 cuando agentes aduanales del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) abrieron un envío procedente de Maracaibo que contenía cajas vacías para baterías de vehículo.
Agentes de HSI le siguieron la pista al paquete y dieron con dos venezolanos: Montilla Hernández, y José Alexander Gutiérrez Morales. Un tercer venezolano, Aguilar Sánchez, surgió en el caso un mes después de que se descubrió el paquete de Maracaibo, enviado por una persona identificada en documentos de la corte solo como Ender Soto.
Según la denuncia penal presentada por un agente especial de HSI, luego que Aguilar Sánchez llegó a Miami procedente de Maracaibo el 14 de mayo del 2016, los funcionarios de control de pasaportes en el aeropuerto lo interrogaron y requisaron su teléfono celular donde ubicaron el nombre de Ender Soto.
El 16 de febrero, un jurado de instrucción en Miami presentó las acusaciones contra otros cinco venezolanos. Entre estos estaban Ender Enrique Soto Hernández y su hermano Ender Alberto Soto Hernández. Uno de ellos, según la persona familiarizada con el caso, fue el que envió el paquete desde Maracaibo.
