El juez 9° de Control del estado Aragua, Israel Paredes Guerrero “hizo borrón y cuenta nueva”. El jueves le dictó privativa de libertad a 5 de los 27 estudiantes detenidos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, y a 5 de ellos les precalificó los delitos de rebelión, daño violento e instigación pública, los cuales suman una pena máxima de 30 años y 3 meses.
A Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL, le sumaron el delito de tráfico de municiones. Ayer, a las 11:30 am, González, junto a Boris Quiñónez, Kenny Colmenares y Mitchell Sosa, fueron trasladados desde la Comisaría de Las Acacias, en Maracay, hasta la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, donde deberán permanecer, al menos, los 45 días que dure la investigación, informaron abogados del Foro Penal de Aragua.
En ese lugar también iba a ser recluida Brigitte Herrada, profesora de Educación Especial y alumna de la Maestría de Orientación de la UPEL, pero la defensa exigió el cambio de sitio de reclusión debido a que en esa cárcel de Guárico no hay anexos para mujeres. Por los momentos permanece detenida en el Centro de Coordinación Policial Maracay Sur.
“Cómo envían a una cárcel modelo a una madre soltera que no cometió ningún delito. Ninguno de los muchachos tiene antecedentes penales”, manifestó Martín López Ríos, abogado penalista, miembro de Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional, quien lleva la defensa de Herrada.
Indicó que su defendida, quien presuntamente fue detenida en flagrancia con una pancarta en la mano y que tenía casa por cárcel, fue criada en un orfanato, es madre soltera y su hija, de 9 años de edad, se encuentra bajo la custodia de una profesora de la UPEL.
“Error o no error del Estado, un tribunal militar decretó una medida cautelar a favor de nuestra defendida”, expresó López Ríos. Aseguró que Brigitte nunca violó la medida de arresto domiciliario emanada por el Tribunal Militar 5° de Control de Aragua.
“Podría existir cierta complicidad para perjudicar a los 27 muchachos”, dijo el abogado. Denunció que el proceso judicial está plagado de irregularidades y que hay disparidad en las acusaciones de los funcionarios actuantes.
El Tribunal Militar 5° de Control de Aragua, que conocía de la causa, declinó sus competencias en materia de delitos ordinarios y solicitó la libertad de todos los jóvenes, pero el juez Paredes hizo caso omiso a esa orden e inició otro proceso de investigación contra los cinco jóvenes.
Ríos recordó que los estudiantes estuvieron presos 3 meses, tiempo en el cual se cumplió la investigación en la que demostraron la inocencia de los jóvenes. “Esos 90 días de prisión de los estudiantes no existieron para el Estado venezolano”, añadió.
