Familiares de estudiantes detenidos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay viven horas de angustias no solo por la arbitrariedad del proceso judicial, las torturas a las que sometieron a los jóvenes y las cárceles donde fueron recluidos, sino que también reciben llamadas anónimas en las que los amenazan de muerte.
“Van a morir” es la frase que repite un hombre por vía telefónica a algunos parientes de los 27 detenidos. Quien hizo la denuncia prefirió el anonimato por temor a que atenten contra su vida y la de su familiar privado de libertad, quien, al igual que el resto de los estudiantes, fue golpeado con tubos por los funcionarios, que encapuchados y sin identificación irrumpieron el domingo en la universidad, los amarraron y los llevaron a la Comandancia general de la Policía de Aragua.
Justicia arbitraria. “Fueron presentados aún con sangre en las vestimentas. Fue una audiencia dantesca. Sometieron a los estudiantes como a criminales de guerra”, manifestó Raúl López Sayago, rector de la UPEL.
Familiares de Abraham Quiroz, uno de los estudiantes detenidos, denunciaron que el joven tiene fuertes heridas en las costillas y en la cabeza, por lo cual requiere atención médica urgente.
“Le logré ver sangre en la cabeza y golpes en las costillas”, contó un pariente, quien observó el daño en el momento en que lo trasladaban desde Poliaragua hasta las cárceles de El Dorado y la 26 de Julio el martes.
Abogados del Foro Penal (Aragua) denunciaron que en esa comandancia a los estudiantes les negaron el acceso a las visitas. También que en la audiencia presentaron informes forenses falsos, que certificaban el buen estado de salud de los detenidos, aunque el grupo presentó graves lesiones. Durante la sesión una joven se desmayó producto de los golpes que recibió en la cabeza.
El diputado (Bolívar), Américo de Grazia, informó que en la cárcel de El Dorado, que está en medio de la selva, se encuentran presos 47 estudiantes, todos varones. “Son muchachos que no tienen ningún prontuario policial, el menor tiene 18 y el mayor 22 años de edad”, manifestó. Dijo que los raparon y que fueron vestidos de amarillo –al igual que los presos comunes– y que los mantienen en la zona de máxima seguridad.
Hoy el alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, junto a médicos y visitadores sociales intentarán ingresar al recinto penitenciario para constatar el estado de salud y atender a los universitarios.
Anarquía institucional. Alfonso Medina Roa, miembro del Foro Penal, señaló que con el uso de tribunales militares para civiles y la reclusión en cárceles comunes se evidencia una anarquía institucional. Aseguró que con eso el gobierno busca sembrar temor colectivo para detener las protestas.
El especialista en derecho penal militar tildó de acto violatorio de la Constitución, de las doctrinas internacionales en materia de justicia militar y de la naturaleza del juez, la audiencia en la que el juez Edgar Volcanes dictó privativa de libertad a los 27 jóvenes a solicitud de la fiscal, mayor Katiuska Ochoa, quien imputó delitos militares. “Un severo daño al Estado de Derecho. Es algo propio de una dictadura”, dijo.
Manifestó que la justicia militar venezolana viola el principio de la imparcialidad, debido a que los jueces y fiscales son designados directamente por el Ejecutivo nacional, por lo cual existe “una subordinación directa de los operadores”.
