Hace una semana se produjo en las celdas del Comando General de la Policía de Carabobo un motín que generó un incendio y 68 muertos. El pasado 28 de marzo, los prisioneros tomaron como rehén a un guardia de turno y provocaron un alzamiento. Los reos amenazaron con matar al oficial con una granada si no se cumplían sus demandas, algunos como medida de protesta prendieron fuego a los colchones.
A este suceso le siguen el enfrentamiento en una prisión de Barquisimeto en enero de 2013, donde murieron 61 personas; las 39 víctimas mortales del motín en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas el año pasado, y las 19 personas que murieron en el incendio del penal Tocuyito, Carabobo en 2015.
“La situación carcelaria en el país se pudiera resumir en una grave violación de los derechos humanos donde hay un alto riesgo de salud e integridad física de los presos”, denunció Mariano Alvarado, director de Provea, al tiempo que reveló lo que sucede en estos recintos: “En primer lugar, se produce la muerte por hambre debido a que los organismos policiales no tienen presupuesto para alimentar a los presos. Los detenidos en los retenes dependen exclusivamente de la alimentación que le lleven los familiares, sin embargo hay algunos que no son visitados por sus parientes, o porque están muy lejos, o porque no quieren visitarlos. Esos presos viven de las sobras y de la solidaridad que les brindan los otros reclusos, no obstante mueren por no recibir los suficientes alimentos para sobrevivir”.
Alvarado indicó que el estado de hacinamiento en los calabozos judiciales “es consecuencia de la política del sector penal, promovida por la actual ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, de represar en los calabozos a las personas mientras los tribunales les dictan medidas privativas de libertad”, explicó. Lo normal según establece la Constitución, es que el juez, una vez que establece la privativa de libertad, determina cuál va a ser el lugar de reclusión que debe ser una cárcel.
“Lo que viene ocurriendo es que en lugar de enviarles a la cárcel, se les remite a los calabozos policiales donde deberían estar detenidos no más de 72 horas, mientras la persona es presentada ante el juez. Una vez hecho esto, el magistrado dicta la privativa de libertad y debe ser trasladado a la cárcel, pero la ministra Varela impuso la política de que es el Ministerio quien la autoriza”.
