Un agente de Politáchira identificado como René Burgos Moreno, de 32 años de edad, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público por su presunta vinculación con la muerte de Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años, muerta de un impacto de escopeta en una trifulca por comida en la troncal 5 o carretera de los llanos el domingo en la noche.

El gobernador José Vielma Mora explicó que cinco funcionarios policiales que portaban escopetas fueron presentados, y tras las experticias cuatro agentes fueron descartados y las armas volvieron al parque del organismo.

“Quedó bajo investigación una escopeta y, lamentablemente, la Policía del Táchira puso al oficial supervisor René Burgos Moreno a las órdenes para las investigaciones de rigor”, dijo el mandatario regional.

Aproximadamente 12 horas después del fallecimiento de la mujer, que salió de su casa a buscar a su hijo menor de edad en medio de las alteraciones del orden público, Vielma Mora indicó que “al parecer la muerte de la señora ocurre por el disparo de una escopeta calibre 12, que puede tener todo el mundo, es de uso prácticamente casero, mucha gente tiene en su casa una, hay que buscar el empadronamiento de esa arma”.

Sin embargo, este lunes la hija de Jenny Ortiz, Jenny Carolina Mogollón de 21 años, aseguró que la víctima quedó con el rostro “totalmente desfigurado” luego de varios impactos de perdigones a corta distancia.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 20° del Táchira, Marelvis Mejía, para que dirija la investigación. Esta instancia presentará ante el Tribunal 2° de Control, a cargo del juez Richard Cañas, al funcionario policial.

Un total de 16 personas fueron detenidas por las alteraciones del orden público, debido al saqueo de alimentos en una distribuidora de productos, así como al robo de equipos electrónicos y de computación del establecimiento.

César Pérez Vivas, abogado, ex gobernador del Táchira y ex parlamentario a la Asamblea Nacional, señaló que habría intentos de Vielma Mora para tratar de radicar el caso fuera del estado con el objeto de proteger al negocio, presuntamente irregular, de distribución de alimentos, en el que al parecer estarían involucrados algunos miembros de su familia.

Con información de El Nacional

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