Las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP) serán analizadas en la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos.
En otra oportunidad se indicó en este mismo espacio que estas redadas surtirían poco efecto en cuanto a la reducción de la violencia criminal, y que además tenían un fuerte contenido propagandístico (razón por la que más bien debían llamarse operaciones Levantamiento de la Popularidad).
Pronto quedó en evidencia además que durante estas incursiones policiales-militares aparentemente se producían innumerables violaciones a los derechos fundamentales. Desde el principio, hubo denuncias sobre ejecuciones practicadas por agentes en la Cota 905, en Carabobo y Aragua, sin que se pronunciaran las instituciones llamadas a ejercer un control constitucional.
En esas acciones muchos de los ultimados eran supuestos responsables de la matanza de policías, o supuestos “azotes de barrio”.
De manera que habría una especie de “ajuste de cuenta” institucionalizado a través de estas razzias. En su informe anual, la Fiscal General de la República Luisa Ortega indicó que 245 personas fueron ultimadas en el desarrollo de estas operaciones, y que se iniciaron pesquisas “destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tales muertes”.
Sin embargo, han pasado más de ocho meses desde la primera incursión bajo este formato, y no se ha anunciado ninguna detención.
