La tarde de este jueves, vecinos del Edificio Cuatricentenario de la Avenida Victoria en Caracas, dieron declaraciones acerca de lo acontecido la noche de ayer miércoles, 18 de septiembre, cuando, presuntamente, funcionarios de la Alcaldía de Caracas y policiales entraron a la fuerza con intenciones de desalojarlos de sus viviendas.

Los vecinos denuncian que vivieron una situación irregular, al ser abordaron por estos sujetos identificados como “junta liquidadora de condominio”, presuntamente perteneciente a la Alcaldía de Caracas y funcionarios policiales, quienes forzaron las cerraduras y les advirtieron a los propietarios que desalojaran las viviendas en un corto plazo de tiempo.

Emilio Negrín, vecino, dirigente y miembro del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), denunció que “efectuaron una medida de desalojo en contra de personas que viven en los apartamentos”. Asimismo, afirmó que las víctimas “tienen documento de propiedad”.

Agregó que los supuestos funcionarios aseguran que esos inmuebles están “bajo proceso de litigio”, una información que ellos desconocen, porque “estos vecinos tienen más de 50 años ocupando estos apartamentos y consideramos que ésta es una medida arbitraria, de un grupo de delincuentes que simplemente se están arropando bajo el apoyo del Gobierno Nacional para efectuar una medida de ocupación ilegal, de invasión contra vecinos que tienen toda la vida viviendo en los apartamentos afectados”.

Negrín reiteró que, son 12 las viviendas que fueron violentadas, propiedad de quienes han tenido que salir del país, debido a la crisis, “pero que están habitadas por sus familiares… continúan siendo de su propiedad, en ninguna ley especifica que, si te vas del país, pierdes tu propiedad”.

Recalcó que ese argumento lo utilizó uno de los funcionarios que estuvieron durante el atropello, “Luis Márques, no recuerdo bien el nombre, un supuesto fiscal, así se identificó el día de ayer, emitió un comunicado firmado por el Ejecutivo Nacional.

El comunicado sostiene que, “las personas que están viviendo en el exterior, automáticamente pierden las propiedades que tengan en el Estado”. A lo que Negrín acotó, “eso es una aberración, una violación al estado de derecho, a la constitución, a la propiedad privada, establecido en la Carta Magna”.

El dirigente de ABP afirmó que, “mañana vamos a ir a la Fiscalía General de la República para que ponga en consideración que, mientras se ejecutaba esta medida de invasión a la propiedad, éstas personas rompieron la cerradura, ingresaron a las propiedades y dentro había menores de edad y personas de la tercera edad, lo que constituye un delito y que tanto los funcionarios que cometieron esta acción, como los supuestos fiscales, deben comparecer antes las autoridades nacionales e internacionales”.

En este sentido, enfatizó que, no hay ninguna ley que ampare a estos supuestos funcionarios de la Alcaldía de Caracas, quienes afirmaron que esas viviendas ahora son propiedad de Fogade y por ende, “se encuentran asignadas a familias por la Misión Vivienda”.

“Debe respetarse el derecho a la propiedad”, concluyó.

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